Agencia Reforma
Ciudad de México 18 septiembre 2026.- Una inspectora de la SEP reportó que el Colegio Enrique Rébsamen era un espacio seguro, siete días antes del sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese día, en el plantel murieron 26 personas, entre ellos 19 menores.
El 12 de septiembre de ese año, la inspectora Claudia Fabiola García Pérez realizó una visita al colegio. En el acta respectiva, asentó que no existían instalaciones como viviendas o establecimientos comerciales que tuvieran comunicación directa con la escuela.
Sin embargo, en el colegio sí había una vivienda que había construido la dueña y directora Mónica García Villegas, quien sin permisos agregó un departamento al edificio administrativo que se colapsó con el sismo.
«El espacio es seguro», agregó de su puño y letra la inspectora, cuyo caso hasta ahora no ha sido publicado.
Las autoridades penales concluyeron que el departamento de García Villegas provocó el colapso del edificio, cuya estructura original no fue diseñada para soportar el peso adicional.
El 31 de marzo de 2021, tres años y medio después del sismo, el Órgano Interno de Control (OIC) en la Autoridad Educativa Federal (AEF) para la Ciudad de México destituyó de su cargo a García Pérez, como sanción administrativa por las omisiones durante la inspección al colegio. La AEF es un órgano desconcentrado de la SEP.
El pasado 13 de mayo, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la destitución, al declarar infundado un juicio de nulidad de la ex funcionaria.
«(García Pérez) no verificó que existía en la parte superior del edificio administrativo, que formaba parte integral de las instalaciones, una vivienda que estaba ocupada», explicó el Magistrado Julián Olivas, durante la sesión del tribunal.
García Pérez no era autoridad responsable en materia de construcciones, pero su labor como inspectora de jardines de niños era dar cuenta de posibles irregularidades que pudieran afectar la validez de la autorización de la SEP al colegio para impartir educación preescolar.
«Los servidores púbicos comisionados para estas visitas tienen la obligación de detallar en el acta los hechos advertidos durante la inspección, y ella, ante la pregunta expresa de si había viviendas que no formen parte del plantel y tengan comunicación o acceso directo a la escuela, asentó la correspondiente al no», agregó Olivas.
