Víctor Osorio
Agencia Reforma
Ciudad de México 7 marzo 2024.- México concentra más de una tercera parte de las solicitudes de acción urgente presentadas ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU.
En un informe presentado esta semana en el marco de su 26 periodos de sesiones, el organismo reportó que entre 2012 y febrero de este año recibió 1,723 solicitudes de acción urgente -que tienen por objeto el que se busque y localice a una persona desaparecida y que son obligatorias para las autoridades-, de las cuales 608 correspondieron a México, 591 a Iraq y 221 a Colombia.
De las acciones urgentes solicitadas por personas desaparecidas en México, 349 corresponden al periodo 2012-2018 y 259 al periodo 2019-2024. Y del total, 277 casos han sido cerrados, descontinuados o suspendidos; 331 siguen vigentes.
El CED reiteró su preocupación por la inexistencia o insuficiencia de estrategias de búsqueda e investigación en diversos países.
«Por ello, ha solicitado a las autoridades de todos los Estados afectados por el procedimiento de acción urgente que establezcan e implementen una estrategia interinstitucional integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de las personas desaparecidas», apuntó.
«En lo que respecta a México, el Comité también recordó las recomendaciones contenidas en el informe de la visita del Comité a México, señalando que la estrategia establecida incluye la implementación efectiva de los principios contenidos en los protocolos aprobados a nivel nacional para la búsqueda e investigación en materia de coordinación intrainstitucional e interinstitucional».
Para ello, remarcó, es necesario, poner a disposición y gestionar la información adecuadamente y asegurar la participación de todas las instituciones identificadas en los protocolos.
Expresó también su preocupación por las denuncias en el sentido de que en muchos casos se deja de lado la hipótesis de desaparición forzada, incluso cuando los familiares de las víctimas solicitan el procesamiento del delito como tal, optando por utilizar otro tipo penal, así como por la práctica de no asignar el caso a las autoridades que tienen a su cargo la investigación de desapariciones.
Se trata, señaló, de patrones que han sido observados en Colombia, Japón, México y el Iraq.
Advirtió, por otra parte, sobre denuncias frecuentes de los autores de las solicitudes de acción urgente de que las autoridades nacionales competentes no proceden con el análisis forense de las muestras genéticas disponibles, y no toman las muestras de ADN pertinentes que podrían ser relevantes para identificar a la persona desaparecida.
«Este problema es particularmente frecuente en México. En ese sentido, el Comité ha reiterado su preocupación por la actual crisis forense, recordando al Estado parte sus recomendaciones contenidas en su informe de visita y en sus últimas observaciones finales, que instan al Estado parte a fortalecer urgentemente la capacidad de los servicios forenses, servicios de identificación y salvaguarda humana, incluido el del Centro Nacional de Identificación Humana», indicó.
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