Staff
Agencia Reforma
Buenos Aires, Argentina 28 diciembre 2023.- El Presidente argentino, Javier Milei, presentó ayer diversos proyectos de ley que incluyen desde una reforma del sistema electoral, penas más duras contra las protestas, privatizaciones y amnistía fiscal de capitales, entre otros, como parte de su estrategia para limitar la intervención del Estado en la economía.
La iniciativa, denominada «Ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos», solicita declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Esto implicaría delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en todos esos ámbitos. La declaración contempla, además, la posibilidad de prorrogar la emergencia por un plazo de hasta dos años.
«La presente ley tiene por objeto promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales», argumentó el Mandatario en el texto.
El paquete deberá tratarse en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias convocadas el viernes, y se complementa con el plan ortodoxo de ajuste y un decreto emitido el 20 de diciembre, el cual incluye más de 300 medidas para desregular la economía mediante la eliminación de controles de precios, la liberación del comercio exterior y la promoción de la actividad industrial.
El partido gobernante, la Libertad Avanza, es la tercera fuerza en el Legislativo argentino -40 diputados sobre un total de 257 y ocho senadores de 72- por lo que la capacidad de negociación del Mandatario y sus legisladores se pondrá a prueba en el debate parlamentario.
Entre las reformas, Milei pidió también la eliminación de las elecciones primarias abiertas y establecer penas de prisión contra los organizadores de protestas que interrumpan las vías de circulación. Además, se exige que toda manifestación sea notificada ante el Ministerio de Seguridad con una antelación no menor de 48 horas.
En materia penal, plantea una legislación más permisiva para las fuerzas de seguridad en casos de legítima defensa.
También propone una amnistía fiscal de capitales no declarados hasta el 30 de noviembre de 2024, con excepción de los funcionarios públicos, y aumentar las cuotas para exportaciones de subproductos de la soja.
El proyecto habilita la privatización de empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal, entre ellas Aerolíneas Argentinas, la Casa de la Moneda, correos y medios públicos.
