Mónica Mendoza Madrigal
El proceso electoral del 2021 fue el primero al que fuimos con el nuevo blindaje electoral denominado violencia política contra las mujeres en razón de género. Sí, su nombre es largo, pero es necesario mencionarlo completo para entender justamente de qué se trata.
Es la tipificación de una serie de conductas –22 para mayor exactitud– tan viejas como anquilosadas dentro de las formas de hacer política en este país. Prácticas todas ellas comunes entre todos los partidos para dificultar el acceso de las mujeres a las candidaturas y ya con ellas, hacerles difíciles las contiendas para evitar a toda costa su triunfo electoral. Expulsar a las mujeres del espacio público y contribuir a nuestra despolitización, para decirlo simple y llano.
Tuvieron que pasar varios años sorteando obstáculos del más alto nivel de la curia política de este país, para que gracias a un extraordinario esfuerzo de negociación política empujado por organizaciones feministas, académicas, funcionarias, mujeres políticas y legisladoras, con la alianza de algunos hombres y la presión de los organismos internacionales que no cejaron en el empeño por empujar estas modificaciones de ley necesarias, se lograra hacer realidad la reforma a ocho ordenamientos legales que hicieron realidad al fin la incorporación de esta nueva modalidad de violencia cometida en contra de las mujeres políticas –candidatas y funcionarias– por el hecho de ser mujeres.
Las colectivas nos multiplicamos por mil para hacer acompañamiento jurídico a las compañeras contendientes que no sabían cómo hacer valer este nuevo recurso, y las instituciones electorales se metieron de lleno a buscar sociabilizar de la mejor forma posible un procedimiento que –hay que decirlo– sigue sin estar fácil de acceder para las mujeres víctimas. Lo sé bien, porque fui parte de ese enorme esfuerzo multiplicador por doble vía: como funcionaria y como activista.
Acompañar víctimas es complejo. Y de violencia política lo es más, porque además no todos los y las abogadas le entendían a un tema que tiene toda una serie de procedimientos específicos que deben realizarse con vencimiento de término para poder estar en posibilidad de hacer valer los derechos políticos y electorales en riesgo.
Con todo y eso, el proceso de 2021 fue demoledor. Hubo 239 incidentes de violencia política que dejaron 179 víctimas mortales, de quienes 36 ejercían una candidatura (Integralia, 2021), 21 de las cuales eran mujeres las víctimas.
De entonces a la fecha han pasado tres años y hemos logrado avanzar en la claridad que tienen las mujeres de que hay un instrumento legal que las protege para defenderse y en la incorporación de algunos instrumentos legales adicionales que brindan una protección más amplia en esta materia específica, como lo es el registro nacional de personas sancionadas en materia de VPGM.
A este respecto, ya en una columna anterior analizamos aquí detalladamente cuáles son los casos de Veracruz con mayor incidencia, entre los que están contenidos en ese registro, que son quienes se ha acreditado por parte de la autoridad electoral que han incurrido en este delito específico y son los que ejercen superiores jerárquicos en el ámbito municipal, que limitan a las mujeres en aportarles la información necesaria para el desempeño de su función. Y eso, solo por cuanto hace a las denuncias presentadas por las mujeres que son ediles y que presentan sus recursos en el ejercicio de un cargo público que representan.
Un ámbito de gran recurrencia de esta forma específica de violencia es el que tiene lugar al interior de los partidos políticos, que poco llega al registro nacional de personas sancionadas porque el procedimiento establece que la primera instancia a la que las víctimas deben acudir es la intrapartidaria, lo que hace que la mayoría no denuncie, pues saben que hacerlo podría significar el fin de sus aspiraciones políticas para las que la pertenencia a un partido es fundamental.
Entonces optan por la disciplina que silencia las inconformidades ante tales injusticias.
Cierto es decir que el registro no es en sí mismo una sanción, pues no es requisito de elegibilidad no estar inscrito en éste, salvo en los casos en los que exista sentencia firme, lo que claramente quiere decir que no solo debe ocuparnos el denunciar las violencias de las que somos víctimas, sino que las autoridades deben emitir sentencia firme para que ese delito impida que quien ejerza violencia política pueda tener una candidatura e incluso, ser electo.
Nos falta justicia con perspectiva de género y nos falta voluntad política de legisladores y legisladoras para aprobar lo pendiente –por ejemplo, en Veracruz ni siquiera se ha armonizado la violencia política– y tristemente, nos sobran mujeres violentadas. En esta fracción de la patria en que vivimos, lo sabemos.
Dos mujeres que siendo alcaldesas en funciones fueron brutalmente asesinadas son solo una parte de la realidad que vivimos. El nuestro es el segundo estado en personas inscritas en el registro nacional de personas sancionadas, cruel retrato de la violencia que padecemos y que nos tiene permanentemente en los primeros estados en feminicidios, en violencia de género y en secuestros, todo ello ante un gobierno omiso, cuya inacción lo vuelve cómplice.
Se dice que la del 2024 será la campaña más violenta de todas cuantas hemos tenido y lo sabemos. Hasta ahora hay ocho actores políticos asesinados en Veracruz y la propia autoridad electoral reconoce que hasta el momento se han presentado 16 denuncias por violencia política que se investigan ya y a esas víctimas se atiende. A la red de activistas a la que pertenezco nos llegó ya la primer solicitud de acompañamiento para una candidata veracruzana que se siente en riesgo y los medios han dado cuenta de las declaraciones de conductas de riesgo observadas por otra candidata más, ésta al Senado de la República.
Y en medio de todo eso, ¿a la candidata a la gubernatura de Veracruz de la coalición por Morena-PT-PVEM le parece buena idea convocar a una manifestación de apoyo a ella misma, para asumirse víctima de violencia política por los señalamientos de presunto enriquecimiento inexplicable que se han hecho en su contra? Es tan absurdo, que resulta ofensivo. Sobre todo porque a quien se convoca, según ha trascendido, es a mujeres trabajadoras del ámbito gubernamental. Sí, ellas con las que llenan mítines, pero a las que han dejado solas ante los severos casos de acoso y hostigamiento sexual y laboral con que, a ellas sí, se las violenta una y otra vez en sus entornos de trabajo.
Esta trivialización es irresponsable porque acude a un recurso legal diseñado para proteger a las víctimas, ésas a las que, por cierto, los partidos dejan solas y buscan el apoyo sororo de activistas, que con precariedad y todo, acompañamos para hacer valer lo que por derecho les corresponde.
Ojalá y se convoque a más manifestaciones, pero para acompañar a las mujeres a las que la política estatal ha abandonado. Ahí sí, marchamos todas.
