Por Héctor Guerrero
Desde su llegada al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro construyó una red de control sobre el Poder Judicial que ha puesto en jaque la imparcialidad y la justicia en el estado, de acuerdo con diversas denuncias y testimonios.
Este control no solo ha beneficiado a su círculo más cercano, sino que ha permitido la operación con total impunidad de lo que ahora se conoce entre los jaliscienses como el cártel inmobiliario y político.
Al frente de esta trama de corrupción es señalado su ex cuñado, Rafael Martínez Ramírez, quien ha fungido como operador clave para manipular decisiones judiciales y favorecer los intereses de Alfaro y sus aliados.
Uno de los pilares de esta red de corrupción es el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón. Bajo su mandato, el Poder Judicial ha sido sometido a los intereses del grupo de Alfaro.
Espinosa Licón no solo ha permitido el reparto de magistraturas bajo criterios políticos, sino que ha sido cómplice en la entrega de juzgados y plazas a familiares y amigos cercanos a Movimiento Ciudadano, en un claro esquema de nepotismo que ha desacreditado sin duda la independencia judicial.
Las denuncias señalan que hijos, hermanos y otros familiares de Espinosa Licón y de funcionarios cercanos al círculo de poder han obtenido plazas con altos salarios en el Poder Judicial, mientras que aquellos que se niegan a seguir las directrices de este grupo de poder son castigados o removidos de sus cargos.
El poder del magistrado presidente es tal, que cualquier intento de impugnar las decisiones judiciales amañadas es bloqueado o retrasado, garantizando la impunidad de los actores cercanos a Alfaro.
En el corazón de este esquema se encuentra Rafael Martínez Ramírez, un hombre de negocios que ha sido señalado como el principal operador de Enrique Alfaro en el Poder Judicial, pues ha logrado posicionar a sus aliados en cargos clave del sistema judicial, asegurando que los juicios favorezcan a los grandes despachos legales y empresarios con los que mantiene nexos.
Este cártel judicial no actúa en solitario. Su objetivo es proteger y encubrir las actividades del cártel inmobiliario y el cártel político que operan en Jalisco bajo el paraguas de Movimiento Ciudadano.
Las acusaciones indican que los desarrollos inmobiliarios a gran escala, que en muchas ocasiones violan normativas ambientales y sociales, reciben el aval judicial a cambio de jugosas comisiones.
Rafael Martínez Ramírez se ha convertido en el intermediario perfecto para garantizar que los intereses empresariales se mantengan a salvo de cualquier sanción judicial.
Un testigo protegido señaló en declaraciones a medios locales que «Rafael Martínez no solo facilita los permisos, sino que también asegura que los jueces se encarguen de detener cualquier denuncia en contra de estos desarrollos. Todo se maneja con discrecionalidad, y los beneficios son millonarios».
Sin ir más lejos el Caso San Rafael ha puesto en evidencia la colusión entre el gobierno de Alfaro, Rafael Martínez y el Poder Judicial. El desarrollo de un conjunto habitacional en la colonia San Rafael, al norte de Guadalajara, fue aprobado a pesar de múltiples irregularidades en los permisos de construcción y el uso del suelo, por supuesto Espinosa Licón, frenó las demandas en su contra. «Los jueces desestimaron las pruebas, y las demandas fueron archivadas sin explicación alguna», señalaron los afectados.
El reparto de magistraturas y posiciones clave en el sistema judicial, los altos salarios son el pago perfecto para la sumisión para disfrazarla de imparcialidad, para beneficiar a los actores corruptos, pues el control de estos cargos responde a los intereses del grupo en el poder.
Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la Judicatura en Jalisco, ha denunciado los excesos y la corrupción en el Poder Judicial del estado, señalando a Espinosa Licón cómo un títere del Poder Ejecutivo, quien lo promovió tanto para su llegada al cargo como en su relección en diciembre de 2022.
El Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, del que Partida Caballero es miembro, junto con otros prestigiosos investigadores, ha denunciado la existencia de una red de corrupción dentro del Poder Judicial.
De la misma manera, el abogado Rodrigo Gurza Cárdenas interpuso en diciembre pasado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por la fabricación de una Carpeta de Investigación para llevar a la cárcel a una particular por supuesto fraude procesal, señalando como presuntos responsables al propio Martínez, al Juez Noveno de Control y Oralidad de Puente Grande, Jorge Antonio Nava Pérez; Carlos Arias, ex integrante del Consejo de la Judicatura; Abel Martínez, administrador del Centro de Justicia de los Juzgados de Control y Oralidad de Puente Grande y Daniel Isaí Salas Ornelas alias «El Cobra».
Según diversas investigaciones, las magistraturas en Jalisco han sido repartidas bajo acuerdos con Acción Nacional (PAN), como parte de una alianza estratégica que garantiza impunidad tanto para los intereses de Movimiento Ciudadano como para los panistas.
El manejo discrecional de los recursos públicos es uno de los puntos más oscuros de esta trama de corrupción. Solo para 2024, el Poder Judicial de Jalisco controlará un presupuesto de más de 2 mil 500 millones de pesos, distribuidos entre la Judicatura (mil 600 millones) y el Supremo Tribunal de Justicia (835 millones). Estos recursos, que deberían ser destinados a garantizar la operación eficiente y justa del sistema judicial, son utilizados como un botín personal.
El manejo opaco de estos recursos ha sido denunciado en diversas ocasiones, pero el sistema de protección mutua entre los magistrados, jueces y políticos cercanos a Movimiento Ciudadano asegura que no haya rendición de cuentas.
Daniel Espinosa Licón y Rafael Martínez Ramírez han sido señalados por desviar parte de estos fondos a través de contratos inflados, plazas innecesarias y favores políticos.
Mientras los miembros del cártel judicial, inmobiliario y político se enriquecen, la justicia en Jalisco es prácticamente inexistente para aquellos que no forman parte de este círculo privilegiado. Los ciudadanos comunes, que buscan justicia en los tribunales, se encuentran con un sistema judicial que está diseñado para favorecer a los poderosos y castigar a quienes se atreven a desafiar el status quo.
No es casualidad que Jalisco se encuentre en el último lugar en cuanto a la calidad de su sistema judicial a nivel nacional. La corrupción endémica y el nepotismo han minado la confianza en las instituciones, dejando a la mayoría de la población desprotegida frente a los abusos de poder.
El Cártel Naranja que controla el Poder Judicial de Jalisco ha creado un sistema en el que la corrupción, el nepotismo y la impunidad son la norma, están al servicio de los intereses del cártel inmobiliario y el cártel político, ha transformado a Jalisco en un estado donde la justicia es un bien negociable, y el bienestar de los ciudadanos está supeditado a los caprichos de una élite corrupta. Mientras esta red de corrupción siga operando con impunidad, no habrá justicia ni desarrollo real para Jalisco, por lo que ahí en el estado, gracias al cártel judicial, la justicia es un bien negociable.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
