En septiembre de 2019, Verónica Hernández Giadáns fue impuesta como fiscal general del estado de Veracruz a través de un verdadero asalto al organismo, violando la ley con su mismo nombramiento y prefigurando la andanada autoritaria del nefasto gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
Verónica Hernández Giadáns era hasta ese entonces una empleada de segundo nivel de la Secretaría de Gobierno, su directora jurídica, sin perfil para un cargo de esa envergadura, pues ni siquiera se especializaba en derecho penal. Pero su cercanía con su entonces poderoso jefe, Eric Cisneros Burgos, fue suficiente para imponerla como una fiscal a modo, que desde ese momento se limitó a ejecutar las órdenes que le daban desde esa oficina, en especial las de perseguir a los adversarios del régimen y meterlos a la cárcel.
La última “misión” que le encomendaron fue desempolvar una vieja denuncia contra el que hasta ese momento era uno de los peores enemigos del morenato en Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien imputó por presentar documentos falsos y mentir a la autoridad cuando intentó ser candidato a la alcaldía del puerto jarocho en 2021. Aunque la verdadera motivación era impedirle que rindiera protesta como senador del PAN.
La orden de aprehensión librada contra Yunes Márquez fue suficiente para que a éste se le quitara lo hablador, se doblara ante la “4t” y se volviera lacayo del morenato, votando a favor de la reforma judicial y de todo lo que le ordenen desde entonces, a cambio de lo cual, la Fiscalía de Hernández Giadáns tuvo que retirar los cargos contra el cobarde senador.
Pero la suerte de Hernández Giadáns estaba echada desde antes. A dos semanas de las elecciones a la gubernatura, fueron extirpados del gobierno estatal todos los operadores de Eric Cisneros, quien de ser alfil de Rocío Nahle se convirtió en su oponente y le disputó la candidatura de Morena, incluso haciéndole una guerra de propaganda negra, lo cual, la ex secretaria de Energía no le perdonaría hasta la fecha.
La única pieza de Cisneros que logró mantenerse en el gobierno de Cuitláhuac García luego de la “purga” fue Hernández Giadáns. Más por la dificultad de removerla al ser titular de un organismo autónomo -en el papel-, que porque hubiera confianza alguna en su desempeño. Pero era claro que Rocío Nahle no la dejaría continuar en el cargo en su sexenio, por más que se aferrase a que había sido designada por un periodo de nueve años, como llegó cándidamente a declarar.
A escasos cuatro días de que se dé la transmisión del Poder Ejecutivo de Veracruz, en el Legislativo un diputado local de Morena –para que la cuña apriete-, Diego Castañeda Aburto, presentó una iniciativa para reformar la Constitución del Estado, bajar de nueve a cuatro años el periodo en el cargo de fiscal general, así como establecer la ratificación o remoción de la titularidad del organismo como facultad del Congreso.
La dedicatoria directa para Hernández Giadáns viene en el párrafo que establece que “tomando en consideración que la temporalidad cubierta por la actual titular ha rebasado el lapso señalado para el primer periodo de duración (cuatro años), por única ocasión y de manera excepcional, dentro de los dos días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, formulará el requerimiento para que, en el mismo plazo, la Fiscal General del Estado en turno manifieste si es su interés o no someterse al procedimiento de ratificación. Una vez que se obtenga el sentido de su respuesta, el procedimiento continuará conforme a los términos establecidos”.
O dicho más claramente: a Verónica Hernández Giadáns le piensan aplicar la ley de manera retroactiva –lo cual se supone que no es legal, aunque en México ya no hay manera de ampararse contra los abusos de poder-, pues a pesar de que fue designada por nueve años, la someterán al nuevo criterio de un primer periodo de cuatro. Y si aun así no entiende y pretende ser “ratificada”, lo que vendrá será el escarnio de la remoción bajo cualquier argumento. Que, de hecho, sobrarían, pues nunca debió ocupar ese cargo, para empezar.
Verónica Hernández Giadáns llegó a la Fiscalía General del Estado a partir de una ilegal destitución de su antecesor y una grotesca imposición de su persona sin cubrir ninguna formalidad legal. Fue todos estos años una fiscal espuria y sometida a los caprichos y abusos del Ejecutivo. Va a salir del cargo de la misma manera como llegó. Y si no comprende las señales que le están enviando, puede acabar igual que los otros dos fiscales que ha tenido el estado de Veracruz.
El que a hierro mata…
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