Abel Barajas
Agencia Reforma
Ciudad de México 17 abril 2024.- En la propia sede encargada de administrar el trabajo y vigilar la disciplina de los jueces ocurrían las presiones, amenazas y extorsiones.
Según la investigación que inició el Poder Judicial contra el ex Ministro Arturo Zaldívar, jueces y Magistrados llegaban al piso 14 del edificio del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Insurgentes Sur, sin saber el motivo por el que habían sido citados.
Se sentaban en una sala de espera, donde todo el tiempo estaban presentes unos escoltas armados, y cuando finalmente salía de su oficina Carlos Antonio Alpízar Salazar, ex secretario General de la Presidencia del CJF, éste les pedía pasar a un cubículo semivacío.
Antes del encuentro con el funcionario, debían entregar sus celulares y dispositivos electrónicos. Por seguridad, incluso les revisaban sus bolsas y bolsillos.
Era la forma en que Alpízar operaba por instrucción del entonces presidente de la Corte, en favor del Gobierno: ponía sobre la mesa la línea que debían seguir los juzgadores para resolver una vinculación a proceso, un amparo, una suspensión, una sentencia.
Por la buena, Alpízar ofrecía a cambio asignarles adscripciones favorables a los jueces y magistrados, beneficios políticos como su inclusión en las ternas para consejeros del CJF, ratificaciones en el cargo, cursos en el extranjero y hasta dinero.
«Como dice Zaldívar, ‘favor con favor se paga'», dice la denuncia.
