Ciudad de México 14 junio 2024.- Integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) alertaron sobre los riesgos que representaría la aprobación de la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Los especialistas advirtieron que, de avalarse en sus términos, los cambios prácticamente implicarían una purga de juzgadores, con la finalidad de que el partido mayoritario en turno pueda apoderarse de esos espacios, a través de una elección en las urnas.
«Las modificaciones propuestas tienen un fin común: purgar primero y luego capturar a todos los poderes judiciales del país, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación», aseguró Javier Martínez Reyes, investigador de tiempo completo del IIJ.
«El método de designación es quizá el mejor ejemplo del retroceso que implicaría la aprobación del Plan C Judicial. Lo que la iniciativa propone, en pocas palabras, es pasar de un (muy) imperfecto proceso de designación, a otro que prácticamente aseguraría la captura y la partidización de la judicatura».
De acuerdo con los análisis, los juzgadores quedarían obligados a contender y solo podrían llegar a los cargos los candidatos respaldados por la fuerza política se imponga en el proceso.
«Lo que en realidad quiere la iniciativa presencial es que a la Suprema Corte y el resto de los órganos jurisdiccionales solo puedan acceder quienes cuenten con el respaldo de las mayorías partidistas del momento», afirmó Martínez Reyes.
Cesar Astudillo, investigador del IIJ, consideró que el daño provocado por esta reforma constitucional podría ser mayúsculo, ya que implicaría «el cese inmediato de mil 665 ministros, magistraturas y judicaturas».
«(Puede) generar un movimiento pendular del Poder Judicial para que sus integrantes dejen la posición de independencia e imparcialidad que actualmente tienen garantizada y se adentra en un campo de la política», señaló.
«La mecánica de selección de sus integrantes buscan dejar a las personas juzgadoras a expensas del poder avasallante de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral».
Según el académico, llevar a los jueces a las urnas también los obligaría a conducir sus resoluciones con criterios de carácter político, sobre todo ante la posibilidad de una reelección.
«Sin independencia judicial, el núcleo genético de nuestro Estado constitucional se verá seriamente fracturado, al renunciar a su obligación esencial de controlar la razonabilidad del poder», afirmó.
«La propia salud de nuestro sistema democrático se encontrará en un riesgo inminente al verse debilitados los mecanismos que permiten la efectividad de los derechos y libertades de las y los mexicanos».
¿Tribunal disciplinario o súperjueces?
El especialista Juan Jesús Garza Onofre, también integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, advirtió sobre el posible surgimiento de «súperjueces» o «metajueces», que estarán a cargo del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
«En el caso del Tribunal, es preocupante la integración por voto popular, ya que no queda claro cuáles serían los perfiles de quienes deberán ejercer esa responsabilidad», refirió.
«Parece que la reforma pretende que sus integrantes sean una especie de unos súper jueces o unos metajueces, cuyas virtudes y cualidades estén encima de todos los demás miembros del Poder Judicial».
El experto explicó que el Tribunal terminaría fungiendo como una especie de fiscalía o tribunal inquisitorio, cuyos integrantes prácticamente estarían por encima de todo el Poder Judicial
«A estos magistrados, nadie terminará vigilándolos y podrían gozar de un estatus diferenciado y superior de todo dentro del sistema de justicia», dijo.
«Es muy probable que antes que fungir como un verdadero revisor de las actuaciones judiciales se termine pervirtiendo su naturaleza, al no tener límites claros respecto a sus responsabilidades, y se convierta más bien en una especie de fiscalía judicial o tribunal inquisitorio que actué con completa discreción y gozando de plena impunidad».
Garza Onofre cuestionó la viabilidad política y financiera de la iniciativa presidencial, por considerar que contiene «profundas incoherencias y una visión parcial de todo el sistema de justicia».
