Vicente Flores Hernández
Agencia Reforma
Ciudad de México 2 febrero 2024.- Los asuntos de más alto perfil son el talón de Aquiles de la Fiscalía General de la República (FGR).
En los cinco años de la actual Administración, la FGR acumula una treintena de reveses judiciales en los litigios penales que los propios fiscales denominan como relevantes y la tendencia se ha acentuado en el último año.
La FGR informó hace unos días que en 2023 obtuvo mil 150 sentencias favorables para las víctimas y registró mil 427 acuerdos con efectos de sentencia firme, a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias.
Sin embargo, en los casos de mayor trascendencia pública, si bien son un porcentaje mínimo, es donde son evidentes los descalabros en distintas instancias judiciales.
Sentencias absolutorias, negativas y cancelaciones de órdenes de aprehensión, devoluciones de solicitudes de captura, no vinculaciones a proceso, anulación de pruebas clave para un juicio, libertades provisionales y la suspensión condicional de procesos sin el pago de un solo peso, han sido algunas de las resoluciones adversas para la autoridad ministerial.
De 34 fallos adversos para la actual Administración de la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz, siete fueron dictados entre 2019 y 2022, mientras que 27 se emitieron apenas de enero de 2023 a la fecha, de acuerdo con una revisión hemerográfica.
El mayor número de resoluciones contrarias coincide con la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relevo del ex Ministro Arturo Zaldívar.
Y también con la confrontación abierta del Presidente Andrés López Obrador contra el Poder Judicial de la Federación, al que con regularidad acusa de privilegios económicos y cuestiona por sus fallos, exhibiendo a jueces y Magistrados en sus conferencias matutinas.
El que quizá sea el caso de mayor relevancia que la FGR ha llevado a los tribunales en lo que va de esta Administración es el del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, un expediente que fue reactivado después de haber estado en la reserva desde hace un cuarto de siglo.
El primer lanzamiento de la Fiscalía fue una solicitud de orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, un ex agente del Cisen al que señala como el «segundo tirador», pero un juez federal negó librar la captura.
El juzgador concluyó que la FGR no tenía elementos para sustentar un acuerdo previo entre el asesino confeso, Mario Aburto, y el ex agente de inteligencia. La prueba que los vinculaba, el dicho de una mujer que dijo que ambos tuvieron contacto, fue desestimada porque la testigo cambió su declaración 25 años después.
Pero no es el único asunto destacado en el que se han registrado los reveses. Casos de supuesta corrupción como los de Emilio Lozoya, Rosario Robles y Juan Collado, así como el de Genaro García Luna y sus colaboradores, son parte de esa lista.
Lozoya, por ejemplo, se anotó tres victorias judiciales: le cancelaron el proceso por el caso Agronitrogenados sin pagar un solo peso; anularon los documentos bancarios que prueban los sobornos en el caso Odebrecht, y fue rechazada la petición de FGR para transferir a la Federación la propiedad de su residencia en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones.
Robles ya fue absuelta en segunda instancia del caso más importante que le imputaron por la Estafa Maestra, y a Collado también le cancelaron el proceso de mayor penalidad que le iniciaron, por el caso de la Caja Libertad, y otro en el que lo señalaron de coludirse con un funcionario de la extinta PGR para tramitar el desbloqueo de su dinero en Andorra.
García Luna también litigó hasta lograr que se negara una de las órdenes de aprehensión en su contra, la de enriquecimiento ilícito por más de 27 millones de pesos.
Y en el caso de tráfico de armas conocido como «Rápido y Furioso», donde también tiene orden de aprehensión, sus ex colaboradores Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas ya libraron las acusaciones penales.
El caso Ayotzinapa, uno de los de mayor trascendencia pública de los últimos años, no ha estado exento de fallos adversos para la Fiscalía.
José Luis Abarca y 19 agentes de la Policía de Iguala fueron absueltos en un juicio por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Apenas la semana pasada, ocho militares acusados de la desaparición de los estudiantes quedaron en libertad provisional, tras siete meses en prisión. La FGR volvió a pedir sus capturas y ayer empezaron a ser detenidos.
