- Plantea Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) nueva Ley de Salud estatal.
- La ley establece la conformación del sistema estatal y su vinculación con el nacional y crear un fondo para emergencias.
Toluca de Lerdo, México, 22 de octubre de 2024.- A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), la legisladora Ana Yurixi Leyva Piñón y el ciudadano Juan Eduardo Salazar López propusieron ante el pleno del Congreso local expedir la Ley de Salud estatal, para garantizar a la población en general el acceso equitativo y de mejor calidad a los servicios médicos, ampliar su cobertura y promover la incorporación del sistema al modelo de atención a la salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Bienestar.
La iniciativa, en cuya construcción participó la ciudadanía en general e instituciones como como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), plantea la conformación del sistema estatal y su vinculación con el nacional, su financiamiento y la creación de un fondo para emergencias de salud; además de la planificación estatal, el monitoreo, evaluación y análisis del estado de salud de la población.
La propuesta, que armoniza el marco legal con las reformas a la Ley General de Salud por el modelo IMSS-Bienestar, considera un plan maestro de infraestructura hospitalaria, unidades médicas y centros de salud; atención a la salud mental, a enfermedades como cáncer y virus de inmunodeficiencia humana, así como la medicina tradicional; asimismo, sienta bases para que las mujeres puedan decidir libremente sobre sus cuerpos con condiciones idóneas para un aborto legal, seguro y gratuito.
El documento destaca que actualmente esta materia es regulada por el Libro Segundo del Código Administrativo estatal, con más de 20 años de antigüedad, por lo que ya no responde a las demandas sociales, ni cumple con los estándares que señalan instancias como la OMS y OPS.
La iniciativa, que se analizará en comisiones legislativas, añade que el Estado de México ocupa uno de los últimos lugares nacionales de personas afiliadas a algún servicio de salud, con más de nueve millones de personas que no son derechohabientes de ninguna institución pública, lo que refleja la necesidad de expedir una ley que amplíe la cobertura y de que ninguna persona esté sin atención médica oportuna o sin medicamentos para enfermedades de alto impacto.
