Agencia Reforma
Ciudad de México, 21 julio 2026.- Una juez federal resolverá a partir de esta tarde si vincula o no a proceso a Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, y otros siete imputados, por supuestamente operar una red de huachicol fiscal, una decisión que también implicará la libertad o la prisión de los presuntos implicados.
A partir de las 17:00 horas, Alejandra Ramírez de la Vega, juez de control de elección popular en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, presidirá por medio de videoconferencia la audiencia en la que definirá la situación jurídica de los imputados que, de momento, están sujetos a prisión preventiva.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR les imputa un delito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando, los dos primeros con prisión preventiva de oficio.
La FGR presume que Ruffo es una de las cabezas de una supuesta red de 25 personas que contrabandeó sin permiso de la Secretaría de Economía más de 2 mil 137 millones de litros de huachicol, de los cuales sólo se aseguraron 18 millones de litros, los que habrían causado un daño de 166 millones a la hacienda pública.
Además del ex Gobernador de Baja California, la impartidora de justicia resolverá la situación jurídica de Ricardo Thompson Navarro, uno de los dueños de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que Ruffo es socio y fundador.
También la de José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas que son accionistas de Ingemar; así como el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez y su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez.
Asimismo determinará si vincula o no a proceso a Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa ubicada en la capital de San Luis Potosí; y a José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., de Saltillo, Coahuila.
El fin de semana pasado, en una audiencia de 32 horas y media, la FEMDO formularon la imputación contra los detenidos por los tres delitos ya referidos.
En esa ocasión, por pedido de los fiscales de la FEMDO, la juzgadora decretó que la audiencia fuera a puerta cerrada, es decir, sin público ni medios de comunicación, al considerar que este es un caso de seguridad nacional en el que además se iban a ventilar datos de imputados que debían permanecer bajo sigilo.
Al término de la diligencia, iniciada el viernes pasado a las 22:00 horas y concluida el domingo a las 6:30, la impartidora de justicia les dictó la prisión preventiva de oficio, ya que los dos primeros ilícitos contemplan esa medida cautelar que impide continuar el procedimiento en libertad provisional.
El mismo domingo por la mañana, al concluir la audiencia, seis de los imputados, entre ellos Ruffo, fueron encarcelados y sólo a dos les concedieron la prisión domiciliaria.
Los imputados trasladados al Penal del Altiplano fueron Ruffo, Thompson Navarro, Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez.
La única mujer detenida, Adriana Magali Bárcenas, fue internada en el Cereso de Nezahualcóyotl Sur, en el Edomex, en tanto que los únicos a quienes la juez concedió la prisión domiciliaria, por motivos de salud, fueron de la Peña Ramos y de la Peña Rosales.
