Walter Olivera Valladares / @WalterOliverav
A pocos días de que se disuelva el festejo mundialista, comienza a diluirse también el espejismo dejado por la euforia deportiva. Se rompe la burbuja. Volvemos a la cadena de calamidades cotidianas. Las madres buscadoras nunca dejaron de manifestarse. Siguen en la mesa los temas de inseguridad, violencia criminal y desaparecidos.
Especialmente queda bajo la lupa el delito de extorsión. Desde el 2024 los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del INEGI, advierte que 15.2% de los casos corresponden a extorsión presencial o cobros de piso.
Como consecuencia se frenaron uno de cada siete proyectos de emprendimiento. La problemática impacta sobre todo a los micro y pequeños negocios, que representan el 99% de las empresas del país.
Datos divulgados por el INEGI indican que las afectaciones se detonan en los estados de Morelos, donde las cancelaciones de negocios pasaron de 14% en 2021 a 37% en 2023. Le siguen Guerrero con 33.4% y Zacatecas con 28.6% de negocios anulados.
Pero la cobertura criminal de los extorsionadores se extiende a entidades como Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, Estado de México, Oaxaca y Michoacán. En este último, los delincuentes tienen prácticamente capturados no sólo a los productores y empacadores de limón y aguacate sino también a transportistas y comerciantes de las frutas.
En este sentido, según informes del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) el crimen organizado controla un amplio sector de la agroindustria, dañando a fruticultores, agricultores y ganaderos.
El CIEN considera que las pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleo, pero también las más desprotegidas. El organismo coincide con la encuesta del INEGI en que este despojo financiero por parte de las organizaciones criminales, le ha costado a las empresas -tan sólo en 2023- 124.3 mil millones de pesos.
En un vano intento por disminuir los perjuicios los empresarios reducen horarios de producción y comercialización; cancelan las rutas de distribución más peligrosas, cierran puntos de venta o definitivamente dejan de invertir.
El cobro de piso se convierte en una de las industrias más rentables del crimen organizado y no parece haber alguna medida decisiva de combate a esta ola delincuencial o que al menos incomode a los delincuentes.
En tanto los costos financieros, sociales y de vidas humanas siguen pasando facturas cada vez más altas a cientos de miles de mexicanos en un sistema donde nadie se salva.
