IRREGULARIDADES EN TLALPAN, EQUIPOS CAROS Y PLAZOS VENCIDOS
Ciudad de México, 12 de mayo de 2026.- El Presupuesto Participativo, recurso cuya esencia reside en la decisión directa de la ciudadanía para mejorar su entorno, se encuentra hoy bajo la lupa en la alcaldía Tlalpan. Documentos obtenidos vía transparencia revelan una serie de inconsistencias en la administración de Gabriela Osorio, que van desde sobreprecios injustificados hasta una opaca gestión de contratos millonarios.
El costo de la «participación»
El centro de la controversia es el contrato AT-2025-138 ADQ, una adjudicación directa que concentró 18 millones 396 mil 469 pesos en un solo proveedor. El objeto: la adquisición e instalación de equipos —principalmente calentadores solares— destinados a diversas colonias.
Aunque la alcaldía justifica precios unitarios que alcanzan los 18 mil 502 pesos, la realidad del mercado dicta una cifra distinta. Cotizaciones públicas muestran que equipos de características similares rondan los 6 mil 200 pesos. Esta brecha presupuestaria plantea una interrogante ineludible sobre los criterios de eficiencia y economía en el uso de los impuestos de los tlalpenses.
Incumplimientos y vacío administrativo
La problemática trasciende el tema financiero. El compromiso contractual estipulaba como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, los reportes oficiales confirman entregas extemporáneas que se prolongaron hasta finales de enero. Este desfase implica el ejercicio de recursos públicos sin que los bienes estuvieran instalados ni verificados en el tiempo legalmente establecido.
Aunado a lo anterior, existe una preocupante contradicción interna sobre la fiscalización del proyecto:
- Medio Ambiente: Señalada inicialmente como el área responsable de la supervisión.
- Participación Ciudadana: Dirección que afirma haber realizado la verificación final.
Esta falta de claridad sobre quién validó la entrega de un contrato de tal magnitud deja al descubierto una estructura administrativa confusa, donde la responsabilidad de proteger el patrimonio de los vecinos parece diluirse entre oficinas.
Un patrón preocupante
El panorama en Tlalpan configura un patrón que la administración actual deberá esclarecer a la brevedad. La combinación de adjudicaciones sin competencia, costos elevados, entregas fuera de plazo y una supervisión ambigua atenta contra el espíritu de un programa diseñado para empoderar a la comunidad, no para alimentar la burocracia o el beneficio de particulares.
Los habitantes de Tlalpan esperan una rendición de cuentas que explique por qué, en la gestión de Gabriela Osorio, el dinero destinado al alumbrado, seguridad e infraestructura terminó atrapado en un entramado de irregularidades.Ciudad de México, 12 de mayo de 2026.- El Presupuesto Participativo, recurso cuya esencia reside en la decisión directa de la ciudadanía para mejorar su entorno, se encuentra hoy bajo la lupa en la alcaldía Tlalpan. Documentos obtenidos vía transparencia revelan una serie de inconsistencias en la administración de Gabriela Osorio, que van desde sobreprecios injustificados hasta una opaca gestión de contratos millonarios.
El costo de la «participación»
El centro de la controversia es el contrato AT-2025-138 ADQ, una adjudicación directa que concentró 18 millones 396 mil 469 pesos en un solo proveedor. El objeto: la adquisición e instalación de equipos —principalmente calentadores solares— destinados a diversas colonias.
Aunque la alcaldía justifica precios unitarios que alcanzan los 18 mil 502 pesos, la realidad del mercado dicta una cifra distinta. Cotizaciones públicas muestran que equipos de características similares rondan los 6 mil 200 pesos. Esta brecha presupuestaria plantea una interrogante ineludible sobre los criterios de eficiencia y economía en el uso de los impuestos de los tlalpenses.
Incumplimientos y vacío administrativo
La problemática trasciende el tema financiero. El compromiso contractual estipulaba como fecha límite de entrega el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, los reportes oficiales confirman entregas extemporáneas que se prolongaron hasta finales de enero. Este desfase implica el ejercicio de recursos públicos sin que los bienes estuvieran instalados ni verificados en el tiempo legalmente establecido.
Aunado a lo anterior, existe una preocupante contradicción interna sobre la fiscalización del proyecto:
- Medio Ambiente: Señalada inicialmente como el área responsable de la supervisión.
- Participación Ciudadana: Dirección que afirma haber realizado la verificación final.
Esta falta de claridad sobre quién validó la entrega de un contrato de tal magnitud deja al descubierto una estructura administrativa confusa, donde la responsabilidad de proteger el patrimonio de los vecinos parece diluirse entre oficinas.
Un patrón preocupante
El panorama en Tlalpan configura un patrón que la administración actual deberá esclarecer a la brevedad. La combinación de adjudicaciones sin competencia, costos elevados, entregas fuera de plazo y una supervisión ambigua atenta contra el espíritu de un programa diseñado para empoderar a la comunidad, no para alimentar la burocracia o el beneficio de particulares.
Los habitantes de Tlalpan esperan una rendición de cuentas que explique por qué, en la gestión de Gabriela Osorio, el dinero destinado al alumbrado, seguridad e infraestructura terminó atrapado en un entramado de irregularidades.
