De acuerdo con el informe “Caso Ayotzinapa: narrativa de hechos de acuerdo con la investigación realizada”, difundido el martes por Presidencia, la relación entre los militares y el cártel quedó al descubierto gracias a diversos testimonios e informes aportados por la DEA.
“A partir de diversas fuentes existen vínculos entre algunos elementos la Policía Federal y el Ejército que operaban en la región de Iguala con Guerreros Unidos”, refiere.
“Derivado de diversas declaraciones de distintos testigos, así como mensajes de texto aportados por la DEA, se vinculan con ‘Guerreros Unidos’ el entonces Coronel José Rodríguez Pérez, Comandante del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, el Capitán José Martínez Crespo y el entonces Coronel Rafael Hernández Nieto, Comandante del 41 Batallón”.
En el documento se asegura que los militares recibían dinero del narco y no solo a cambio de equipo, sino hasta de protección.
“Conforme a estas declaraciones, algunas brindadas en procesos judiciales en Estados Unidos, estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, revela.
Por otro lado, en el mismo informe, las autoridades determinaron que la desaparición de los 43 normalistas en Iguala fue producto de una confusión de la organización criminal “Guerreros Unidos”, de la intención de darles “un escarmiento” y como consecuencia del trasiego de drogas que se registraba en la región.
La primera de tres causales establece que la desaparición de los jóvenes fue producto de confusión de los “Guerreros Unidos” sobre la presunta infiltración del cártel de “Los Rojos” entre los estudiantes de Ayotzinapa, “en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala”.
La segunda refiere la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de “amenazas de parte del Alcalde José Luis Abarca y “Guerreros Unidos”, tras las protestas y destrozos al Palacio Municipal de Iguala, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
La tercera causal es el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados.
El contenido del documento fue expuesto anoche a los padres de los normalistas, quienes lo descalificaron por considerar que tiene aproximaciones a la llamada “verdad histórica”, presentada por el ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam.
