Manuel Alejandro Alvarez Torres
Agencia Reforma
Ciudad de México 12 septiembre 2023.- Las cuatro empresas paraestatales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pidieron para 2024 subsidios de operación y salarios que suman 22 mil 728 millones de pesos, monto que rebasa el presupuesto combinado de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores para el próximo año.
Se trata de las empresas Tren Maya, Aerolínea del Estado Mexicano, Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA). Salvo esta última, todas fueron registradas por primera vez en un proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Tren Maya solicitó 5 mil 937 millones de pesos de subsidio para gasto corriente, incluidos 937 millones para salarios, adicionales a los 120 mil millones de pesos necesarios para seguir con las obras.
El tren, ya bajo control total de la Sedena, aun no prevé tener ingresos propios en 2024. A estas alturas, se estima que el gasto de construcción será cercano a los 500 mil millones de pesos. El Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, confirmó ayer en entrevista con Joaquín López-Dóriga que ese será el costo de la obra.
GAFSACOMM, que controlará 12 aeropuertos internacionales, solicitó 15 mil 172 millones de pesos del PEF, de los cuales 626 millones son para pagar a su personal.
Si bien no fue dada de alta en el PEF para 2023, GAFSACOMM ya recibe dinero este año, pues está en proceso de asignar un contrato de al menos 53 millones de pesos para administración de combustible en sus aeropuertos, con dinero del PEF.
Según las bases de esa licitación, los aeropuertos de Tulum y Apodaca, Nuevo León -hasta ahora dedicado a vuelos privados- están bajo control militar, mientras que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) está en proceso de traspasarle los de Puebla, Nuevo Laredo, Nogales, Campeche, Ciudad Victoria, Chetumal, Ixtepec, Tamuín, Palenque y Uruapan.
Por número de terminales, GAFSACOMM será similar a los tres grupos aeroportuarios privados del País, pero su tráfico de pasajeros será mucho menor, por el tamaño de las ciudades que atiende.
El AIFA no forma parte de GAFSACOMM. En marzo de 2024 cumplirá dos años de operaciones, pero seguirá sin ser autosuficiente, por lo que pidió subsidio de mil 500 millones de pesos, 79 por ciento más que lo solicitado en 2023.
El AIFA -que estima ingresos propios de mil 251 millones de pesos en 2024- usará 464 millones para salarios.
La empresa militar más optimista es la nueva aerolínea, que adoptará el nombre de Mexicana de Aviación.
La Sedena estima que tendrá ingresos propios por 8 mil 220 millones de pesos, por lo que solo pidió 119 millones de pesos del PEF. En 2023, sin embargo, ya se le asignaron al menos 4 mil millones de pesos para contratar el arrendamiento de aviones.
La Secretaría de Marina que ya controla el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también pidió mil 500 millones de subsidio en 2024, y ASA está en proceso de entregarle otras seis terminales, para lo cual creó la empresa Grupo Aeroportuario Casiopea, que aún no aparece en el PEF de 2024.
Quieren más recursos para Tren Maya El Gobierno federal impulsa una reforma para obtener más recursos para el Tren Maya.
En el Paquete Económico 2024, Hacienda plantea que los recursos obtenidos por los permisos de estancia para turistas que ingresan al País sin permiso para actividades remuneradas, se destinen a un fideicomiso en beneficio de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya.
«Estos recursos serán destinados al Tren Maya», dice la iniciativa con proyecto de Decreto que reformaría la Ley Federal de Derechos.
Actualmente, el artículo 18 de esa Ley contempla dar los recursos al Instituto Nacional de Migración (INM).
Mario Barrera, socio de la Práctica Fiscal de Holland & Knight, advirtió que la reforma puede enfrentar un problema de inconstitucionalidad debido a que los recursos ya no se destinarán al INM.
«Se desvincula la prestación y costo del servicio del destino de los recursos obtenidos, por lo que habría un espacio para que, si se vuelve ley, haya un problema de constitucionalidad».
De interponerse un amparo, dijo, sí procedería.
Este permiso para turistas tiene un costo 51 dólares, equivalentes a 882 pesos por persona.
Con información de Azucena Vásquez
