- Dulce María Sauri Riancho, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza
Agencia Reforma
Ciudad de México, 21 julio 2024.- El secuestro del PRI tendrá hoy un episodio más. Este lunes se registrará Alejandro Moreno para reelegirse como presidente nacional. Sin contrincantes reales, sin campaña, debates, propuestas o méritos de por medio, en cuestión de horas podrá ser reelecto por 4 años, con opción a 8 años más.
Pero no todo está concluido. La larga marcha para retomar la legalidad del PRI inicia una nueva etapa. Hay varios juicios interpuestos en el Tribunal Electoral y en el INE que, en el momento procesal debido, podrán cancelar los actos ilegales que sostienen la reelección de Alejandro Moreno. Hoy, más que nunca, vale la pena levantar la voz y, con la ley en la mano, detener el atraco.
Quienes proponemos defender la ley y la democracia participativa mantenemos dos recursos de impugnación. El primero, que hemos bautizado como «impugnación Madre», es contra la Asamblea Nacional. El fundamento de nuestra defensa es muy claro: la ley electoral establece (art. 34) que, en ningún caso, un partido político puede cambiar sus estatutos una vez iniciado el proceso electoral federal.
Lo mismo dicen los estatutos vigentes del PRI (art. 173). Dado que el actual proceso electoral concluye con la calificación de la elección presidencial, y esto no ha ocurrido, obviamente la dirigencia de Alejandro Moreno incumplió con la ley electoral y con sus propias normas internas. La consecuencia es directa: la Asamblea Nacional que concluyó el pasado 7 de julio es ilegal y todos los cambios en los Estatutos que se aprobaron son inválidos. Incluyendo la reforma al art 178 que permite la reelección de la actual dirigencia.
Pero las ilegalidades no se agotan en la violación a las leyes. La Asamblea Nacional se llevó a cabo a toda prisa. El lunes 3 de junio, mientras todavía se contaban los votos en algunas casillas, la dirigencia nacional estaba ocupada en arreglar su reelección. No se permitió la deliberación democrática.
El reglamento de la Asamblea fue ilegalmente aprobado. No se respetaron los plazos ni los procedimientos establecidos para que la militancia del partido participara libremente. Se excluyeron militantes relevantes en los estados y se acallaron voces críticas. A puerta cerrada, sin información completa ni oportuna, en cuestión de minutos, 3 mil personas definieron por consigna el rumbo de un partido con casi millón y medio de militantes.
¿En qué etapa se encuentra el «juicio Madre»? Le corresponde al INE resolver si un partido político puede reformar sus estatutos mientras no haya terminado el proceso electoral federal en curso. En una ocasión anterior, ante la misma situación, el INE señaló que era ilegal hacerlo. En ésta, el Magistrado Reyes -del Tribunal Electoral- propone darles 10 días para responder.
Se tiene un segundo juicio en curso. Este es en contra de la Convocatoria para reelegir a la dirigencia, reclamando a la autoridad haga valer que los partidos no pueden cambiar de dirigencia una vez iniciado el proceso electoral. Todavía más: la Convocatoria emitida por el PRI aplica en sus disposiciones un artículo ilegalmente reformado, al que le quitaron los «candados» que impedían la reelección de las dirigencias partidistas.
Destacamos una omisión inaceptable: la Convocatoria no contempla la alternancia de género. Conforme al principio universal de paridad en todos los órganos del Estado mexicano incluido en la Constitución, la presidencia del PRI 2024-2028 deberá ser ocupada por una mujer. La inminente reelección de Alejandro Moreno dejaría a las mujeres priistas sin ejercer su derecho a presidir su partido durante 8 años, con la posibilidad de convertirse en 17 años.
Además, el método elegido, el de asamblea de consejeras y consejeros -después de haberse eliminado a los consejos estatales y municipales-, confiere a los actuales integrantes del Consejo Político Nacional la facultad de elegir dirigentes nacionales. Son más de 500 electore/as, cuidadosamente «rasurados» de voces disidentes por la actual dirigencia nacional.
¿Cómo va este segundo juicio? El Magistrado Reyes propuso remitir este caso al PRI, para que la Comisión de Justicia Partidaria resuelva en primera instancia, con una fecha límite. Nadie es ingenuo en pensar que un órgano controlado por Alejandro Moreno vote en su contra, pero lo relevante es que una vez agotado ese paso, el Tribunal Electoral puede «tomar el toro por los cuernos» y conocer, entonces sí, el fondo del caso y resolverlo de manera definitiva.
Lamentablemente, a pesar que el proyecto fue presentado el miércoles 17, las y los Magistrados (al momento de escribir estas líneas) no lo habían votado en definitiva. Invitamos a que en ambos juicios actúen con la celeridad que demanda el caso.
La reelección de Alejandro Moreno viola un principio fundacional de nuestro partido: «sufragio efectivo, no reelección». Además, congelará el recambio de los dirigentes nacionales, estatales y municipales, convirtiendo al partido en un grupo de incondicionales; mantendrá cerradas las puertas del PRI a las nuevas generaciones, a la libre discusión de ideas, a los cambios que reclama una sociedad cansada de partidos/negocios y de dirigentes/traficantes de influencias.
En conclusión, Alejandro Moreno ha operado, por años, una cadena de trampas para secuestrar con premeditación, alevosía y ventaja, a una de las instituciones políticas más longevas y significativas del siglo XX. Tenemos recursos legales y reservas institucionales para impedir que este ataque final logre su objetivo.
Quienes hemos suscrito estos dos juicios, ex presidentes del PRI, representamos la voz de ex dirigentes nacionales y locales, ex gobernadores, ex legisladores que seguiremos en resistencia acompañando a la militancia en todo el País. No nos detendrán los insultos de arrabal ni las amenazas de violencia y de expulsión que penden sobre nosotros por el simple hecho de defender a nuestro partido de la ambición de su actual presidente. La larga marcha continúa.
