Eduardo de la Rosa
Agencia Reforma
Ciudad de México 10 julio 2024.- Si el Gobierno de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum busca continuar con la política energética de la actual Administración, deberá desembolsar 2 billones 195 mil millones de pesos, aseveró el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Este monto es equivalente a la deuda financiera de la petrolera y sus adeudos a proveedores, que al cierre de marzo sumaron 2 billones de pesos.
De acuerdo con el documento «Política energética: Retos fiscales 2024-2030», el organismo indicó que la próxima Administración federal enfrentará retos fiscales en la implementación de su política energética y heredará elevados costos de la Empresa Productiva del Estado (EPE).
Refirió que durante el Gobierno saliente (2018-2024), se erogaron un billón 867 mil millones de pesos, producto tanto de la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) como de los apoyos patrimoniales a Pemex.
«Durante su campaña, la Presidenta electa propuso continuar con el fortalecimiento de las EPE, así como de la red de transmisión y mantener los subsidios a las tarifas eléctricas residenciales», se indicó en el documento.
Recordó que, de acuerdo con el proyecto del siguiente Gobierno «100 pasos para la Transformación 2024-2030», en materia de soberanía energética para el desarrollo sostenible de Claudia Sheinbaum, la política energética tendrá las tareas de garantizar el correcto funcionamiento del sector energético y construir bases sólidas para redireccionar el sector hacia un futuro sostenible.
Ante eso, el CIEP destacó que la continuidad de la política energética, junto con la implementación de las nuevas propuestas, representa un desafío para las finanzas públicas del País. Específicamente, el fortalecimiento de Pemex ha implicado un costo que le ha permitido cubrir sus vencimientos de deuda.
«Sin embargo, esta estrategia no se ha acompañado de una reestructuración operativa y financiera que la fortalezca. De continuar así, podría presionar el estado de las finanzas públicas», resaltó.
Detalló que la próxima Administración enfrentará vencimientos de Pemex que representan el 38.5 por ciento de su deuda total. Ante esto, y bajo el supuesto de que se mantenga su apoyo con aportaciones patrimoniales y una reducción en la tasa del DUC, esto podría implicar un costo de un billón 371 mil mdp: 921 mil 736 millones por aportaciones patrimoniales y 449 mil 960 mdp por cobrar una tasa del DUC del 40 por ciento.
Por otro lado, indicó que para que CFE mantenga su participación en la generación de energía eléctrica del 54 por ciento, se fortalecerá con inversiones en nuevos proyectos por 245 mil 680 mdp, que sumarán 13 mil 660 MW.
Agregó que en cuanto al fortalecimiento del servicio de transmisión y distribución que presta la CFE, se prevén inversiones por 55 mil 412 mdp y 5 mil 259 mdp, respectivamente.
Apuntó que las inversiones relacionadas con transmisión contemplan 44 proyectos que abarcarán una longitud de 3 mil 850 km de circuitos, lo cual representaría un crecimiento del 3.5 por ciento respecto a la red actual. Por su parte, las de distribución implicarán 41 proyectos.
Además, los subsidios a las tarifas eléctricas tienen como objetivo apoyar al usuario final. Si se mantiene este apoyo como se ha observado en los últimos años, este rubro representaría un gasto por parte del gobierno federal de 517 mil mdp.
«Ante ello, el costo de la continuación de estas tres políticas en el Sexenio sumaría un monto total de 2 billones 195 mil mdp. Es decir, cada año se tendría que destinar 1 por ciento del PIB. A esto se deben añadir los gastos ineludibles del sector, como los gastos operativos, de mantenimiento, de infraestructura, financieros y de pensiones», aseveró el CIEP.
Destacó que la política energética de la próxima Administración enfrentará el desafío de retomar el camino hacia una transición energética con sostenibilidad fiscal.
«El inicio de este proceso será complejo, ya que para 2025 se anticipa un ajuste fiscal del 3 por ciento del PIB, a través de los RFSP, justificado, principalmente, por una disminución en la inversión en infraestructura. No obstante, alcanzar los objetivos propuestos por la nueva administración requerirá de mayores recursos públicos», concluyó.
