Ciudad de México 27 mayo 2024.- En una reciente auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, se han puesto al descubierto “prácticas corruptas en la gestión de permisos de construcción en la Alcaldía Tlalpan”, ocurridas bajo el gobierno de la hoy candidata Alfa González, donde se construyeron 2 niveles adicionales a las 3 que se tienen permitidas, con la manifestación de construcción número RG/TL/2677/2019 en la Calle Fuente de la Esperanza, Colonia Fuentes del Pedregal, “similar a como opera el cartel inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez”, denuncian.
El informe que es de acceso público, llevado a cabo por la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías “A”, bajo el número de auditoría A-5/2023 y clave de auditoría 1-7-8-10, descubrió que la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía otorgó permisos de construcción sin cumplir con el certificado de zonificación de uso de suelo, además que durante el período revisado se autorizaron 27 manifestaciones de construcción, 11 registros de obra ejecutada y 27 licencias de construcción especial, entre otros, de los cuales se seleccionó una muestra representativa que evidenció múltiples fallos en la adherencia a la normativa vigente.
El presupuesto utilizado para las edificaciones fue de $5,372,556.32 pesos para la Manifestación de Construcción número RG/TL/1679/2022, Tipo “B” y para el Registro de Obra Ejecutada con folio de registro número 1675-5-22: $4,000.12 pesos. Esto suma un monto global sujeto a aclaración de $5,376,556.44 pesos
Ante esta situación la diputada Maribel Cruz Cruz, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD), hizo énfasis en qué hay violaciones a los artículos 50, 244 y 245 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, así como en varios artículos del Código Fiscal y del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, afectando directamente la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos.
Fue más allá, trajo a colación que según datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), en la alcaldía Benito Juárez se reportaron 130 obras que rebasan los niveles permitidos y un total de 264 niveles excedentes los cuales datan de los periodos 2008-2011, 2012-2015, 2016-2018 y 2019-2022, recordando que en abril del presente año la SEDUVI encontró otras 3 edificaciones en la misma alcaldía con excedente de 1 piso cada una.
En Benito Juárez, esta red de corrupción -denunció- implicaba a funcionarios y empresarios que modificaban el uso de suelo y autorizaban la construcción de pisos excedentes, ignorando el Plan de Desarrollo Urbano cuyas consecuencias es que generan problemas urbanos, un desordenado urbanismo en la zona, provocan problemas en la infraestructura urbana, porque con todos los pisos y las construcciones ilegales generan una sobre demanda de servicios públicos que no están contemplados ni en la ley ni en la factibilidad de servicios.
Para las denunciantes, “esta situación refleja un patrón de corrupción donde algunos desarrolladores y funcionarios de la alcaldía de Tlalpan están coludidos, a cambio de sobornos, facilitaron la aprobación de proyectos que violaban normativas vigentes, incluyendo el certificado de zonificación de uso de suelo. La situación en Tlalpan es alarmantemente similar a lo que ha ocurrido en la Alcaldía Benito Juárez.
Esta similitud en las prácticas corruptas entre las dos alcaldías sugiere una posible expansión del modus operandi del llamado “Cártel Inmobiliario” hacia otras áreas de la Ciudad de México, las autoridades han sido alertadas y se espera que tomen medidas inmediatas para investigar y sancionar a los involucrados en estas redes de corrupción, concluyó la legisladora.
