Jesús Ballesteros
Agencia Reforma
Monterrey, NL 13 marzo 2024.- Uno de los proveedores más favorecidos con contratos por parte del Gobierno de Nuevo León ha triangulado, por medio de una compañía «hermana», al menos 202.9 millones de pesos a un despacho jurídico creado por el Gobernador Samuel García y su padre.
La maniobra entre las dos compañías y el despacho del que el Mandatario forma parte y recibe ingresos fue implementada desde el arranque de la actual Administración en octubre de 2021, según se desprende de información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la que Grupo REFORMA tiene copia.
La documentación indica que, entre octubre de 2021 y noviembre de 2023, la empresa Suministro MYR facturó al Gobierno emecista 964.7 millones de pesos por servicios de alimentación en los penales, campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos.
MYR, a su vez, facturó a su empresa «hermana» Proveedor de Productos Mexicanos Jace, 237.2 millones de pesos en ese mismo periodo por supuestos servicios de administración corporativa.
Finalmente, esta última empresa pagó 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, de la que el Gobernador forma parte, bajo el concepto general de honorarios por servicios profesionales, sin especificar los servicios recibidos.
La información disponible indica que los pagos al despacho del Gobernador y su padre empezaron el 15 de octubre de 2021, es decir, 11 días después de iniciada la Administración de García.
Desde julio de 2022, Grupo REFORMA solicitó al Registro Público local el historial y los movimientos de las sociedades civiles en las que participan el Gobernador y su familia, incluyendo la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, pero la dependencia estatal las negó, alegando que no encontró esos archivos.
Sin embargo, según el acta constitutiva, el despacho fue creado por el Gobernador y su padre, Samuel Orlando García Mascorro, el 29 de mayo de 2014.
Además, en sus declaraciones patrimoniales de 2021, 2022 y 2023, el Mandatario estatal reconoce que tiene una participación del 50 por ciento en ese despacho y que parte de sus ingresos provienen de esta empresa.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, MYR y Jace son compañías «hermanas» en las que miembros de una misma familia participan como socios y apoderados.
MYR, constituida en el 2010 en Tabasco, fue adquirida en 2014 por José Antonio Álvarez López y otras dos personas físicas. Dos años más tarde ingresó como accionista Mariana Álvarez Ibarra, hija de Álvarez López.
Su giro original era tan variado que incluía compra venta de materias primas forestales; comercialización de artículos de oficina, muebles, uniformes, equipos médicos, fotográficos, alimentos y artículos publicitarios; elaboración de proyectos y asesorías para Gobiernos de los tres niveles; mantenimiento en general, y construcción.
Según los documentos disponibles, fue hasta diciembre de 2022 cuando se incorporó como giro principal la prestación de servicios de alimentación en comedores industriales, restaurantes y sector público.
El domicilio de la compañía fue trasladado a Monterrey en 2020, aunque quedó asentando ante el Registro Público hasta 2022.
MYR ya había sido proveedora de servicios de alimentos durante la Administración de Jaime Rodríguez. Actualmente, sería el segundo proveedor que más pagos recibe del Gobierno, sólo detrás de Mota-Engil México, empresa contratada para construir las nuevas líneas del Metro, ello sin contar los gastos que no se transparentan por «motivos de seguridad» y que podrían incluir a este mismo proveedor o a otros con montos altos.
En la relación de pagos que el Estado difunde por transparencia, el monto a diciembre de pagos a MYR llegó a mil 115 millones de pesos.
Jace fue constituida en febrero de 2006 en Tamaulipas y en el 2011 fue trasladada a Puebla.
Como accionistas figuraban Álvarez López y su esposa, Cecilia Eugenia Ibarra Valencia, quien fue designada como administradora única de la sociedad.
En diciembre de 2021, se asentó ante el Registro Público un acta de asamblea de 2015 en la que Álvarez López donó acciones a otra hija, Carlota Elena Álvarez Ibarra.
Desde entonces no se ha publicado algún otro movimiento accionario en la compañía.
En otro vínculo, el dominio de internet de MYR está a nombre de Jace.
De acuerdo con información a la que Grupo REFORMA tuvo acceso, Jace se convirtió en cliente de Firma Jurídica y Fiscal Abogados a partir de 2021, que fue cuando García llegó al Gobierno estatal. No hay registros previos de operaciones o transacciones entre la empresa y el despacho.
