· El Congreso mexiquense fue sede del ‘Foro de Análisis Jurídico, Económico y Social 2024’.
· Este tipo de encuentros contribuyen a la comprensión del alcance de las reformas: Cristina Sánchez Coronel.
Toluca de Lerdo, México, 28 de febrero de 2024.- Con el respaldo de la diputada Cristina Sánchez Coronel (PRI), el Congreso mexiquense fue sede del ‘Foro de Análisis Jurídico, Económico y Social 2024’ en el que personas especialistas en materia electoral y política analizaron las iniciativas de reforma a la Constitución Política del país anunciadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia político-electoral, económico, laboral, educativo y social.
Al iniciar los trabajos, la diputada Cristina Sánchez reconoció la importancia de las participaciones de las y los especialistas, las cuales, indicó, contribuirán a que las y los asistentes comprendan el alcance de estas reformas, de manera particular en el ámbito político-electoral.
En la primera Mesa de Análisis, Marco Antonio Baños, especialista en materia electoral, exconsejero del INE y colaborador de diversos medios de comunicación abordó los principales contenidos de las iniciativas para las cuales, la bancada de Morena y aliados ha trazado una hoja de ruta con asambleas informativas en cada uno de los 300 distritos electorales y un foro en cada una de las capitales de las 32 entidades federativas.
El especialista reconoció que hay temas en los cuales todos podrían estar de acuerdo, como las relacionadas con el salario mínimo o el tema de las pensiones, sin embargo, otras han generado polarización, como la propuesta que retoma la iniciativa de 2022 y que con algunos matices propone reducir el financiamiento para los partidos políticos y las campañas electorales, que consideró necesario analizar partiendo del mínimo requerido por los partidos para cumplir con sus funciones, o el tema de la unificación de las autoridades electorales, desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
Dijo que comparte la necesidad de implementar el voto electrónico y buscar mecanismos de blindaje para reducir costos, y se debe analizar a la par del voto anticipado y para las personas en prisión preventiva, así como la propuesta para reducir de 40 a 30 por ciento el porcentaje de participación para que las consultas populares y los procesos de revocación de mandato impliquen cambios reales, además de alertar de la intervención del crimen organizado en los comicios.
En su intervención, Luis Ariel Salanueva Brito, catedrático de la Escuela Libre de Derecho y miembro del Colegio Nacional de Abogados, habló de la reforma judicial planteada por el presidente, que propone la elección popular de ministros de la corte, magistrados de circuito y jueces de distrito, sobre lo que cuestionó si esto conviene al sistema judicial o a la sentencia justa, ya que, en su opinión, es necesaria la existencia de la figura de los jueces, poderosa e independiente, que haga valer la ley y que no sea electa popularmente. Pidió reflexionar este aspecto, pensando no solo en el momento en que un gobierno tiene el poder, sino también, cuando esto cambia.
En la segunda Mesa de Análisis, el contador público Rafael Arenas Hernández, especialista de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y doctor en Ciencias de lo Fiscal, habló del salario mínimo y todo el cambio en el sistema de pensiones; afirmó que nadie está en contra del incremento de los salarios mínimos, pero que esto no representa en automático un aumento en la economía; abordó, además, las afectaciones económicas que produciría el mal manejo en el sistema de pensiones.
En la tercera Mesa de Análisis, en respuesta al maestro en derecho Tulio Salanueva Brito, abogado postulante y miembro del Colegio Nacional de Abogados, sobre el papel de las y los legisladores respecto a este paquete de reformas, la legisladora Cristina Sánchez destacó la relevancia de este tipo de análisis y resaltó la responsabilidad de las y los diputados pues restas reformas repercutirían en la vida política, social y económica de las familias y los habitantes del Estado de México.
