Ciudad de México, 8 agosto 2023.- En medio de un controvertido episodio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra del juez Martín Santos. El juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa emitió una suspensión provisional, ordenando al presidente detener comentarios que involucraran «malicia» y «discursos de odio» hacia Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial, además de eliminar cualquier expresión similar que hubiera emitido en sus redes sociales y páginas de internet.
Durante su conferencia mañanera, López Obrador calificó la actuación del juez como «injusta y politiquera», alegando que actúa de manera arbitraria y en favor de grupos vinculados con la delincuencia organizada y de cuello blanco. El mandatario expresó su descontento con la falta de acción por parte del Consejo de la Judicatura en estos casos y cuestionó los elevados sueldos de los jueces, quienes, según afirmó, no están cumpliendo adecuadamente con sus responsabilidades.
El conflicto se origina tras la suspensión otorgada por el juez a Xóchitl Gálvez, quien buscaba protección mediante un amparo después de que el presidente revelara detalles sobre los ingresos de las empresas de la senadora en una de sus conferencias mañaneras.
En apoyo al presidente, la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también criticó la actuación del juez, argumentando que se busca «silenciar al Presidente» y que esto afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos mexicanos, así como la democracia misma.
Por su parte, se reveló que Xóchitl Gálvez es asesorada por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, presidido por Claudio X. González.
El caso ha generado un fuerte debate sobre la independencia del poder judicial y el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los derechos individuales. La denuncia presentada por el presidente ante el Consejo de la Judicatura Federal promete ser un tema de interés y controversia en el panorama político y jurídico del país. El desenlace de este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder judicial determinará si la libertad de expresión y el acceso a la información pública están siendo respetados y protegidos de manera adecuada en México.
