Abel Barajas
Agencia Reforma
Ciudad de México 22 enero 2024.- El Consejo de la Judicatura Federal informó esta noche que la FGR no interpuso ningún recurso contra el fallo que dio lugar a que dictaran la libertad provisional a los 8 militares procesados por el Caso Ayotzinapa.
En un comunicado, el órgano rector de jueces de distrito y magistrados de circuito dijo que en caso de que los soldados incumplan con las nuevas medidas cautelares, la Fiscalía podrá solicitar que sean revocadas.
El Consejo explicó que el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México les concedió una suspensión a los militares con la que ordenó llevar a cabo una nueva audiencia para revisar la prisión preventiva de oficio.
En su resolución, dijo que la juez responsable del proceso debió dictar con libertad de criterio la medida cautelar, que podía ser otra vez la prisión preventiva, aunque justificada, o cualquier otra.
«En desacuerdo con dicha decisión, únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México», precisó el CJF.
El 30 de noviembre pasado, el Colegiado resolvió la impugnación de los militares y modificó la suspensión original sólo en un aspecto: dijo que era innecesario volver a citar a las partes para debatir la medida impuesta, pues ya en junio -cuando fueron detenidos- se habían esgrimidos los argumentos.
El pasado sábado, en acatamiento a esta determinación, el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, rechazó imponerles la prisión preventiva justificada porque la fiscalía no aportó datos de prueba que sustentaran su idoneidad y pertinencia.
En su lugar, les impuso la presentación periódica los días 1 y 16 de cada mes; y el pago de una garantía de 50 mil pesos; la entrega de sus pasaportes y la prohibición de salir del país.
También, la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero; y de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
«Medidas que aseguran la continuidad del proceso penal que se instruye a los inculpados, y que de incumplirse dejan abierta posibilidad de la fiscalía se solicitar nuevamente su modificación», dijo el CJF.
Este tipo de fallos se basan en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenaron al Estado Mexicano a inaplicar la prisión preventiva de oficio, contenida en el artículo 19 Constitucional.
Ayer, la FGR criticó la «cerrazón, absolutamente injusta para las víctimas y para el Estado Mexicano» por parte de los impartidores de justicia que autorizaron la libertad provisional de los militares procesados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
