Vicente Flores Hernández
Agencia Reforma
Ciudad de México 24 noviembre 2023.- La Fiscalía General de la República (FGR) perdió la demanda con la que pretendía que la residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en 38 millones de pesos, pasara a ser propiedad de la Federación.
Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, resolvió que es improcedente la demanda porque la Ley Nacional de Extinción de Dominio de 2019 no es aplicable a este caso.
Expuso que Lozoya adquirió su casa en 2012 y el delito de lavado de dinero, bajo el que la FGR entabló la demanda, no estaba previsto en la Constitución como uno de los ilícitos para reclamar un bien por esta vía legal.
«Ya existe un pronunciamiento de la Suprema Corte que acota de manera puntual que la extinción de dominio sólo procede antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Extinción de Dominio», resolvió en su sentencia.
En 2019, la Corte estableció en una acción de inconstitucionalidad que la Ley Nacional de Extinción de Dominio sólo puede ser aplicada para hechos previos a ese año, únicamente en delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo de vehículos, contra la salud y trata de personas, pero no lavado de dinero.
Este fallo no significa que en lo inmediato la residencia vaya ser devuelta a Lozoya, ya que la juez precisa que el aseguramiento será levantado hasta que exista una sentencia de última instancia.
Además, la FGR podría impugnar la resolución ante un tribunal colegiado de apelación en materia civil.
La casa de Lozoya se ubica en el Conjunto Residencial la Retama, en la calle de Ladera en Lomas de Bezares, y fue comprada por Lozoya por 38 millones de pesos en 2012.
La propiedad estaba asegurada en el proceso del Caso Agronitrogenados, en el que se imputaba a Lozoya un supuesto lavado de 3.5 millones de pesos; sin embargo, dicho procedimiento y aseguramiento quedó sin efecto.
Eso sucedió el pasado 31 de agosto, cuando el Juez de control Gerardo Alarcón López dictó la suspensión condicional de ese proceso, porque consideró que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, ya estaba pagando una reparación del daño de 216 millones de dólares y eso impactaba en forma solidaria en favor del ex director de Pemex.
Existe otra demanda de extinción de dominio que promovió la FGR para apropiarse de la residencia de Ixtapa Zihuatanejo, comprada en 2013 por Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya y evadida de la justicia por lavado.
La defensa de Lozoya ha planteado en ese asunto el mismo argumento, que el lavado de dinero no estaba previsto en la Carta Magna para demandar la extinción de la propiedad.
