Monterrey, NL 12 noviembre 2026.- La inversión continua de las grandes empresas francesas en México depende por completo de la certidumbre jurídica, por lo que los cambios que la limiten o la modificación de reglas a concesionarios la pondría en riesgo, señalaron representantes de Teleperformance y Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), cuyo mayor accionista es la firma gala Vinci.
Gustavo Mir González, CEO de Teleperformance México y presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco Mexicana Región Noreste, consideró que la certidumbre jurídica es una condición «sine qua non» para atraer capitales extranjeros.
«Ninguna compañía invierte en un país donde haya dudas serias del Estado de Derecho, lo que uno busca es que las reglas se cumplan», sentenció Mir González en un panel organizado por la Cámara, el cual fue moderado por Margarita Ríos-Farjat, ex Ministra de la Suprema Corte.
En el mismo panel, Ricardo Dueñas, CEO de OMA, al explicar el modelo de concesión aeroportuaria, destacó que éste en sus inicios requiere inyecciones masivas de capital que tardan hasta décadas en retornar, de modo que sólo la certidumbre jurídica asegura a los concesionarios que el negocio vale la pena a largo plazo.
Así, sostuvo, si hoy OMA se ve ante el Gobierno federal como una empresa altamente rentable es porque desde que se le otorgaron sus concesiones, en 1998, hizo inversiones millonarias, confiando en que las reglas serán las mismas, al menos durante los 50 años que estén a su cargo los 13 aeropuertos que tiene concesionados.
Indicó que al Gobierno le conviene operar el modelo de concesiones aeroportuarias porque así la IP asume un gasto que de otra forma tendría que hacerse sacrificando el presupuesto anual de dependencias federales enteras.
Por ejemplo, refirió, en el quinquenio del 2026 al 2030, los tres grupos aeroportuarios del País -OMA, GAP y Asur- contemplan invertir en sus terminales unos 100 mil millones de pesos, monto que equivale al presupuesto del 2024 de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la que le hubiera correspondido hacer la inversión si los aeropuertos fueran públicos.
Para Dueñas, el caso de OMA refleja un voto de confianza adicional en la certidumbre jurídica, pues en el 2022 el grupo francés Vinci adquirió el 30% de sus acciones, lo que implicó una transacción de mil 200 millones de dólares, que refleja un respaldo financiero contundente del extranjero al mercado nacional.
«En el negocio concesionado, tienes necesidades de inversión muy altas al principio y conforme va madurando la concesión, el tráfico creciente recupera esos flujos.
«Pero llegamos al año 30 o al año 40 y entra un régimen político que ve un negocio que está dejando muchos recursos, pero se olvida de los 30 años previos de inversión; la única razón para mantener estos proyectos es contar con certidumbre jurídica», insistió.
