Ciudad de México 13 octubre 2026.- La Suprema Corte de Justicia discutirá mañana miércoles un proyecto que pretende matizar el veto legal impuesto en el sexenio pasado para que académicos de universidades privadas reciban apoyos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).
Está prohibición, auspiciada por la ex titular del entonces Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, ha provocado amparos de cientos de investigadores, y ha sido declarada inconstitucional por discriminatoria por múltiples juzgados y tribunales federales.
Pero en la Corte, la Ministra Sara Herrerías propuso declarar que el artículo 41 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente desde 2023, en realidad no dice lo que aparentemente dice, y que ha sido erróneamente leído por todos quienes lo han aplicado, impugnado, y declarado inconstitucional.
«Sería inconstitucional una interpretación que excluyera a las personas investigadoras adscritas a instituciones privadas ya sea de participar de las convocatorias del SNII o de poder gozar de forma absoluta de los estímulos correspondientes de su membresía al mismo sistema, solo por su adscripción», afirma el proyecto.
Para resolver el problema, Herrerías propone interpretar que sí puede haber apoyos a investigadores de universidades privadas, siempre y cuando colaboren «sustancialmente» con una universidad pública impartiendo alguna materia o participando en algún programa, sin que tengan que ocupar una plaza de tiempo completo.
Según la Ministra, también puede haber apoyos del SNII a quienes, en universidades privadas, realicen tareas de investigación «en las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable, determinados por la autoridad respectiva», es decir, los previstos en una agenda coordinada por la actual Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
Con esta propuesta, solo quedarían excluidos del apoyo del SNII los investigadores de privadas que no colaboran con públicas, o que no tienen proyectos que atiendan las prioridades del Gobierno.
Estos últimos seguirían sujetos a la condición de que, para recibir el estímulo del SNII, su universidad debe comprometerse a entregarles un apoyo económico, previo convenio con la SECIHTI.
La propuesta de Herrerías busca evitar que la Corte invalide la porción del artículo 41 que, de manera expresa, limita los apoyos del SNII a investigadores de instituciones «del sector público».
La aplicación de los criterios de esta sentencia, sin embargo, quedaría a discreción de la SECIHTI-que, por ejemplo, podría resolver que no hay colaboración «sustancial» con una universidad pública-y por tanto podría seguir provocando amparos.
La invalidez requiere el voto de seis de ocho Ministros y Ministras que participarán en la discusión, mientras que la propuesta de Herrerías pasaría con cinco votos.
El Ministro Giovanni Figueroa se declaró impedido, pues fue uno de muchos que promovieron amparos contra esta ley, como académico de la Universidad Iberoamericana y miembro del SNII. La Corte discutirá una acción de inconstitucionalidad de legisladores de Oposición, pero le quedarán pendientes decenas de amparos de investigadores
