Guadalajara, Jalisco 9 agosto 2026.- Una mañana de marzo de 2025, un hombre salió de trabajar y caminó hasta una tienda del Fraccionamiento La Cima, en El Arenal. Quería comprar una cerveza.
Ahí tuvo una pelea y minutos después llegaron policías viales del Municipio y, según testigos, se lo llevaron detenido.
Su familia fue a buscarlo a la Comisaría, pero les dijeron que no había ninguna persona arrestada con esas características. Desde entonces se desconoce su paradero.
El caso es uno de los 107 expedientes que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) concentró en la Recomendación 19/2026, emitida el viernes, y uno de los tres en los que policías municipales son señalados por desaparición forzada.
En este expediente, la CEDHJ sí encontró elementos para acreditar la participación de agentes viales de El Arenal.
La víctima tenía 33 años cuando desapareció, el 21 de marzo de 2025. De acuerdo con la recomendación, dos ex policías viales fueron señalados como presuntos responsables y, a partir de indicios obtenidos mediante cámaras de videovigilancia, se formuló una orden de aprehensión en su contra.
Otro caso similar ocurrió en Tonalá. El 15 de marzo de 2021, una mujer escuchó una discusión afuera de su casa y al salir encontró a uno de sus hijos discutiendo con un hombre por un choque.
Aunque el sujeto se retiró, luego regresaron alrededor de 15 personas, quienes entraron al domicilio y se llevaron por la fuerza a los dos hijos de la mujer. Durante el hecho hubo un disparo. Desde ese día, Abraham y José continúan desaparecidos.
La familia denunció al día siguiente, pero la CEDHJ encontró, entre otras irregularidades, que no se elaboró el Plan de Investigación previsto en protocolos, no se solicitaron accesos a cuentas de correo y redes sociales; además, parte de las actuaciones se concentraron en el procesamiento del lugar del hecho, en lugar de ampliar las indagatorias para localizarlos.
Pero hubo algo más: policías del Municipio acudieron al lugar donde se reportó el incidente y, según la investigación, al percatarse de lo que ocurría únicamente se retiraron sin realizar mayores acciones.
La CEDHJ no encontró indicios de que esos policías hubieran participado directamente en la desaparición, sin embargo, determinó que no actuaron conforme al protocolo del primer respondiente y que prestaron un servicio irregular y deficiente, pues después de esa intervención ocurrió la desaparición.
Hay una tercera historia que ayuda a dimensionar las fallas policiales: el 27 de octubre de 2011, un hombre de 44 años salió de su casa para ir a trabajar. Había dicho a su esposa que después se encontraría con unos amigos para ir a comer a la Expo Ganadera, en Tlaquepaque, pero nunca regresó.
La mujer acudió al día siguiente a la Fiscalía para denunciar la desaparición. Se abrió un acta de hechos que posteriormente se convirtió en una averiguación previa, pero pasaron los años sin avances.
En 2019, cuando preguntó por el caso, le dijeron que la averiguación había sido remitida a otra instancia. Después supo que el expediente había estado extraviado y fue localizado ese mismo año por lo que la mujer presentó una queja ante la CEDHJ en 2024.
La historia fue tomada por la propia CEDHJ como ejemplo para analizar el resto de las quejas. El organismo señaló que en este expediente se observaron actos y omisiones de servidores públicos que reflejan situaciones recurrentes.
En conjunto, la Recomendación 19/2026 documenta irregularidades en investigaciones relacionadas con la desaparición de 119 personas. De ellas, 101 continúan sin ser localizadas y solo 16 fueron encontradas, todas sin vida.
En otros dos casos existen dudas sobre la identidad de los restos que las autoridades dieron por localizados, debido a que no hubo procesos de identificación y confrontas de ADN que permitieran tener certeza.
Esta no es la primera vez que la CEDHJ señala a corporaciones policiales por violaciones graves a derechos humanos.
En diciembre de 2025, el organismo emitió recomendaciones por casos de tortura atribuidos a policías de Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, así como a corporaciones del interior del Estado.
Ese mismo mes, otra recomendación sobre desapariciones documentó 63 quejas relacionadas con 66 personas desaparecidas y señaló deficiencias de Comisarías municipales, Fiscalía, Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y Comisión de Búsqueda. En dos de esos expedientes, el organismo acreditó casos de desaparición forzada atribuidos a oficiales de Tala y Arandas.
«Detrás de los 107 expedientes hay un mismo hilo: la misma tragedia, dolor, impotencia, desesperación y angustia de las víctimas indirectas de la desaparición de personas». CEDHJ
